La ética normativa es la rama de la ética que estudia los posibles criterios para determinar cuándo una acción es correcta y cuándo no lo es.^[1]​ Busca principios generales que justifiquen los sistemas normativos y argumenta por qué se deberían adoptar determinadas normas. Un ejemplo clásico de un criterio semejante es la regla de oro.^[1]​

Dentro de la ética normativa, existen tres posturas principales:^[1]​ el consecuencialismo sostiene que las acciones se deben juzgar solo con base a si sus consecuencias son favorables o desfavorables.^[1]​ Distintas versiones del consecuencialismo difieren sin embargo acerca de qué consecuencias son relevantes para determinar la moralidad o no de una acción.^[1]​ Por ejemplo, el egoísmo moral considera que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables al que la realiza.^[1]​ En cambio, el utilitarismo, sostiene que una acción será moralmente correcta solo cuando sus consecuencias sean favorables para una mayoría.^[1]​ También existe debate sobre qué se debe contar como una consecuencia favorable.

La deontología sostiene que existen deberes que deben ser cumplidos, más allá de las consecuencias favorables o desfavorables que puedan traer, y que cumplir con esos deberes es actuar moralmente.^[1]​ Por ejemplo, cuidar a nuestros hijos es un deber, y es moralmente incorrecto no hacerlo, aun cuando esto pueda resultar en grandes beneficios económicos. Distintas teorías deontológicas difieren en el método para determinar los deberes, y consecuentemente en la lista de deberes a cumplir.^[1]​

La ética de las virtudes se enfoca en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta o virtudes, y de evitar los malos hábitos, es decir los vicios.^[1]​